La transformación digital del tejido empresarial en España sigue avanzando, aunque con un nuevo calendario. La conocida Ley Crea y Crece (Ley 11/2021), que establece la obligatoriedad de la facturación electrónica en las operaciones entre empresas (B2B), ha visto modificados sus plazos de aplicación. A través del Real Decreto-ley 15/2025, el Gobierno ha decidido retrasar su implantación total, situando ahora las fechas clave en 2027.
En concreto, las sociedades mercantiles deberán adaptarse antes del 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos dispondrán de unos meses adicionales, hasta el 1 de julio de ese mismo año. Este aplazamiento no supone un freno al proceso de digitalización, sino más bien una oportunidad para que empresas y profesionales se preparen con mayor margen y garantías.
En este contexto, la Agencia Tributaria ha dado un paso decisivo con la puesta en marcha de VERIFACTU, un sistema gratuito disponible desde abril de 2025 que permite emitir facturas electrónicas y enviarlas de forma automática e inmediata a la Administración. Aunque su uso aún no es obligatorio, su implementación anticipada se perfila como una ventaja competitiva para quienes deseen adelantarse a las exigencias normativas.
La llegada de VERIFACTU no solo responde a la necesidad de cumplir con la futura obligación legal, sino que también busca mejorar la transparencia fiscal y reducir el fraude. Gracias a la integración de códigos QR y al registro automático de las operaciones, se refuerza el control sobre la facturación y se simplifican los procesos contables. Este avance tecnológico marca el camino hacia un modelo más eficiente y seguro en la gestión empresarial.
Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegará en 2027. A partir de ese momento, será imprescindible utilizar software de facturación certificado y adaptado a los requisitos técnicos establecidos por la normativa. Las empresas que no cumplan con estas obligaciones podrían enfrentarse a sanciones que alcanzan los 50.000 euros, especialmente si continúan utilizando sistemas no homologados o facturación en papel en entornos B2B.
Por ello, expertos en fiscalidad insisten en que el tiempo adicional concedido debe aprovecharse de forma estratégica. La transición hacia la facturación electrónica no es únicamente una cuestión tecnológica, sino también organizativa. Implica revisar procesos internos, formar a los equipos y asegurarse de que las herramientas utilizadas cumplen con los estándares exigidos por la Agencia Tributaria.
En paralelo, los desarrolladores de software ya están adaptando sus soluciones para integrar VERIFACTU y garantizar el cumplimiento normativo. Esto facilita a pymes y autónomos una migración progresiva hacia sistemas digitales más avanzados, capaces de automatizar tareas y reducir errores.
En definitiva, la obligación de la facturación electrónica B2B en España es solo cuestión de tiempo. El nuevo calendario hasta 2027 ofrece un margen valioso para que empresas y autónomos se adapten sin prisas, pero con determinación. Aquellos que se anticipen no solo evitarán sanciones, sino que también podrán beneficiarse de una gestión más ágil, transparente y eficiente.